Autopistas privadas y el rol de los actores
Por Raúl Durán Rebolledo

Durante las últimas semanas hemos visto a través de la prensa el gran revuelo que ha provocado el alza en las tarifas de las autopistas concesionadas del gran santiago.

El proyecto de las concesiones de estas súper carreteras se centra en el proyecto del “Transantiago”, el cual debía estar operativo en su última etapa el próximo 10 de febrero. Es uno de los símbolos que ha querido dejar el ejecutivo para el bicentenario de la República, sin embargo se ha vuelto un dolor de cabeza en el último tiempo.

Este proceso se encuentra en la tendencia que ha tenido el gobierno desde la llegada de la democracia, el cual ha puesto en concesión a grandes empresas que anteriormente estuvieron bajo la dirección de estado.

El problema radica, básicamente, en el balance de los beneficios que estas concesiones han traído a la ciudadanía y los costos que esta ha tenido que pagar por ellos. Además hay que agregar los actores que participan en el problema, los cuales justifican sus posiciones frente la opinión pública, invocando a los derechos y las leyes o a la moral y la ética.
Obviamente que los empresarios y el gobierno han destacado los beneficios que significa este tipo de autopistas. Chile y en especial Santiago, se ha caracterizado por tener grandes falencias en la parte vial. Nuestra capital es un “mostrario” de hoyos, que terminan por perjudicar a los automóviles que transitan por ellos. Luego del proceso de licitación de la carreteras vimos como las rutas a Valparaíso, la Autopista del Sol y la Autopista al los Vilos se transformaron en verdaderos caminos para los viajantes, aminorando los tiempos en ruta lo que representaba una economía en los viajes que se realizaban. Luego de estas experiencias se decidió a licitar las autopistas del Gran Santiago. Los beneficios fueron inmediatos, reduciendo los tiempos que empleaban los ciudadanos para llegar a sus destinos, menor consumo de combustible y su posterior beneficio en el medio ambiente y el buen estado en que se mantienen los vehículos.

Por otro lado está el tema de los costos que estas autopistas han significado a la ciudadanía. Uno de los temas más sensibles es el derecho a la circulación de los vehículos. Cada dueño de vehículos motorizados paga un permiso de circulación en las diferentes municipalidades, y con este permiso estarían habilitados para transitar por la ciudad, sin embargo, el pago por el uso de las vías concesionadas deja de lado este permiso de circulación.

Los usuarios acusan al estado de licitar un patrimonio de todos los chilenos como lo son los caminos. Por otro lado, el estado se defiende indicando que existen vías alternativas, las cuales después de la visita del ministro de obras públicas según mandato de la presidenta, no están del todo explicitas.

En este sentido se enfrentan los beneficios de la modernidad en las sociedades de consumo y los costos de la ciudadanía la perder espacios, o como en este caso, caminos públicos. Se entra en el juego de la privatización de lo público en pos de beneficios para la ciudadanía. Lo lamentable es que el ciudadano más que luchar por recuperar este patrimonio propio, se molesta más por el dinero que debe cancelar para usar estos beneficios.

Existe un problema ético tanto en el gobierno, como en los privados y la ciudadanía. Por un lado, el gobierno deja de hacerse responsable de la administración de los bienes públicos y se los entrega a los privados. Deja de lado una de su deberes y desliga la responsabilidad.

Por otro lado, los privados toman las licitaciones para hacer sus negocios, que no es para nada anti ético, pues es su negocio. Lo amoral se encuentra en el alza de precios que imponen sin poner vías alternativas, aunque en general son los que menos cuestionamientos tienen, pues la ley está a su favor.

Por último, están los ciudadanos. Estos reclaman el alza de los precios en las autopistas pero invocan el tema del patrimonio solo de soslayo. Es como si no les importara perder patrimonios si a cambio reciben beneficios a bajo costo, pero cuando este valor sube, inmediatamente se acuerdan de lo perdido como ciudad.

La prensa ha cubierto el hecho con un tinte interpretito, haciendo contrastación de las fuentes. Por un lado se pide la opinión del ministro de Obras Públicas, la presidenta Bachellet y el mundo político en general, y por el otro lado se pide la opinión de los automovilistas.

Creo que la opción que no propone el deconstructivismo serviría a la prensa para, en primer lugar analizar el hecho desde varios prismas para luego crear un discurso. Para realizar esta deconstrucción, se desgrana el caso por los actores que participan en el. Además verificar los antecedentes históricos y sociológicos que envuelven al hecho, y por último las motivaciones que tienen los actores pata tomar tal actitud.